Reservas marinas de Sudáfrica


En el sur de África se encuentran algunas de las aguas más fecundas del país. Pero arrecia el debate sobre cómo mantener estos mares y a las comunidades pesqueras que dependen de ellos.

Por Kennedy Warne
abril de 2015

León marino
Un león marino cabalga las olas del Atlántico que bañan Ciudad de El Cabo. Para conservar la fauna marina que vive en el litoral de la urbe, en 2004 se creó aquí una de las 23 áreas marinas protegidas (AMP) que hay en Sudáfrica / Foto: Thomas P. Peschak

En la costa occidental de Ciudad de El Cabo, cerca de un paraíso para el surf llamado Dungeons, hay una isla baja y plana de la que se han adueñado las focas. Aquí dormitan, braman, amamantan a sus crías y se zambullen en el Atlántico, donde los practicantes de snorkel pueden unirse a ellas sorteando arrecifes y atravesando bosques de la­­minarias, unas algas pardas gigantes. El sol brilla sobre las burbujas de aire atrapadas en su pelaje y, cuando dan volteretas y se alejan a toda prisa, dejan una estela espumeante como el champán.

La isla está en la Zona Restringida de Karbon­kelberg, un santuario marino donde cuelga el cartel de «prohibido pescar» y que se inscribe, a su vez, en una zona protegida mucho más amplia que abarca la mayor parte del litoral de Ciudad de El Cabo. Karbonkelberg es uno de esos lugares donde cualquier persona, hechizada por las caras de foca que le observan sin pestañear, po­dría sentir que el mundo oceánico está en paz… A menos que, como hice yo, alce la mirada y repare en una fila de hombres que suben trabajosamente por una colina con pesados sacos a la espalda. Tras separarme de las acrobáticas focas, nadé hasta una pequeña cala y salí a tierra en medio de una alfombra de conchas de orejas de mar vacías. Del tamaño de cuencos de sopa, resplandecían con tonalidades nacaradas rosas y verdes cual escenas de una aurora boreal. Un ibis deambulaba picoteando trocitos de tripas de oreja de mar. Trepé a una roca que minutos antes había servido de «matadero» de moluscos. Era aquí donde los hombres habían desprendido la carne del caparazón y habían llenado los sacos.Desde la caleta, el empinado y zigzagueante camino cruza una cresta montañosa hasta el distrito de Hangberg. A lo largo de esta senda, apodada la «ruta de los furtivos», se transportan cada año cientos de toneladas de oreja de mar (en afrikáans, perlemoen) obtenida ilegalmente. La carne entra en una cadena de intermediarios y procesadores con destino a Hong Kong y otros lugares de Asia, donde se considera un manjar.

En Sudáfrica, oreja de mar es sinónimo de fracaso: fracaso en la aplicación de la ley, fracaso de la gestión pesquera y fracaso del contrato social que sienta las bases del aprovechamiento sostenible del mar. La pesca de la oreja de mar está en quiebra, y quienes capturan este molusco de forma clandestina son universalmente repudiados como unos buitres que se enriquecen a costa de los últimos restos de un recurso en extinción.

Pero la oreja de mar es solo una pieza de una tragedia marina de mayor magnitud. Un tercio de las poblaciones de especies de peces capturadas con fines comerciales y recreativos en el litoral de Sudáfrica (la denominada pesca de caña, porque se practica esencialmente con caña y no con red) han caído en picado. En 2000 el Gobierno declaró el estado de emergencia y redujo drásticamente el número de licencias de pesca comercial. Aun así, muchas poblaciones se mantienen en unos niveles peligrosamente bajos. Se ha prohibido la pesca comercial de 40 especies tradicionalmente pescadas con caña, un veto que afecta incluso a la damba, el pez nacional sudafricano: un devorador de mejillones de 30 centímetros de largo que llaman galjoen.

En Sudáfrica, un país amante del pescado y loco por la pesca, la angustia causada por la disminución de las capturas y por la desaparición de algunas especies es especialmente aguda. Pero si existe una crisis ictiológica, también hay una crisis pesquera. La mitad de las comunidades que practican la pesca de subsistencia están en situación de inseguridad alimentaria porque la base de su sustento está en peligro. Sin embargo, en 1994, cuando Nelson Mandela fue elegido presidente de la recién estrenada Sudáfrica democrática, su partido, el Congreso Nacional Africano (ANC), vio en el pescado un garante de igualdad social y un puntal que mejoraría las condiciones de vida de los más pobres.

En un principio, las perspectivas de transformación social parecían muy halagüeñas. Miles de «individuos históricamente desfavorecidos» –negros y mestizos (o coloured, como designan en Sudáfrica a las personas de ascendencia predominantemente europeo-africana)– obtuvieron derechos de pesca. En 2004, más del 60% de la cuota correspondiente a la pesca comercial estaba en manos de este grupo, en contraste con la cifra inferior al 1% de diez años antes.

Pero como demostró la crisis de la pesca de caña que cristalizó en estado de emergencia, el Gobierno había invitado al banquete a más co­mensales que comida había para alimentarlos. Y lo que es peor, había excluido de la lista de invitados a una categoría entera de pescadores. La nueva política oficial contemplaba a pescadores comerciales, deportivos y de subsistencia, este último grupo compuesto por personas que pescan solo para comer. La pesca artesanal o de pequeña escala había quedado fuera del reparto. Estos pescadores no eran ni estrictamente de subsistencia ni totalmente comerciales; y, más importante aún, se consideraban a sí mismos parte integrante de las comunidades pesqueras y no actores individuales. Aspiraban a obtener derechos colectivos y un acceso comunitario a los recursos, y se vieron expulsados de un sistema de cuotas basado en la propiedad privatizada.

Para estos pequeños empresarios, la exclusión del proceso de adjudicaciones supuso un hiriente recordatorio del apartheid. Y tuvieron que soportar una fuente adicional de marginación, algo que en un mundo perfecto habría sido su mejor aliado: las áreas marinas protegidas (AMP), esos fragmentos de costa y de fondo marino que se reservan con vistas a la protección parcial o total de la explotación humana.

La vida marina florece en cada uno de estos refugios azules y se desborda sobre las zonas limítrofes, incrementando las capturas y ofreciendo un medio de sustento. Las AMP se juzgan imprescindibles para la conservación de la vida marina y la gestión de las pesquerías, y casi todos los países marítimos del mundo han firmado un tratado de Naciones Unidas cuyo objetivo es proteger el 10 % de los océanos antes de 2020. En contrapartida, para muchas comunidades pesqueras de pequeña escala las AMP equivalen a echar sal en las heridas de la desigualdad, sobre todo si una zona de veda se halla cerca de la co­­munidad, como ocurre en Hangberg, donde el santuario de Karbonkelberg incluye todo el litoral accesible por espacio de kilómetros.

Hangberg se extiende por la ladera de un risco desde donde se domina el barrio marítimo de Hout Bay. Sobre sus desvencijadas chabolas se yergue un peñón llamado el «Centinela». El distrito se ha convertido en un centro de centinelas. Los pescadores furtivos contratan vigilantes para que espíen a los agentes de policía, y los confidentes policiales están alerta para informar sobre los furtivos. Una comunidad orgullosa ha degenerado en un nido de delincuencia.

Recorrí el laberinto de callejas de Hangberg con Donovan van der Heyden, monitor juvenil, organizador comunitario y antiguo pescador furtivo que me habló de la larga lista de usurpaciones que perdura en la memoria colectiva.

«Hay mucha ira –dijo–. La comunidad recuerda cómo se benefició la industria pesquera blanca de los recursos locales y se pregunta quién es aquí el furtivo. Los tuvisteis a vuestro alcance. Los malversasteis. Y ahora que reclamamos nuestra parte, se nos acusa de agotar esos recursos. Pero, ¿durante cuántos años lo hicisteis vosotros? Por eso me hice lo que llaman furtivo. Fue mi manera de plantar cara a una injusticia.»

Me dijo que la comunidad se sintió traicionada porque el Gobierno, en su afán de abrir el negocio pesquero a nuevos partícipes, postergó a los pescadores genuinos. «Todo el mundo se apuntó: políticos, maestros, abogados… La gente dejaba su profesión para entrar en el sector por las facilidades que daban. Y ahora que han metido la zarpa, no van a soltarla.»

Nos detuvimos junto a un cuchitril donde vendían comestibles. Henry Adams, un tipo de 56 años, piel morena y tatuajes en los brazos, salió para conversar. Durante 17 años había pescado a lo largo de las costas de África, pero ahora no puede vivir de la pesca en su ciudad natal de acuerdo con los permisos legales de pesca re­creativa. «Dieron cuotas a individuos que no conocen el mar –me dijo–, así que ahora me tengo que dedicar a la pesca furtiva. Las cuotas me han abocado a la ilegalidad.»

Adams no coge orejas de mar. Él pesca langostas de El Cabo, o kreef. Rema varios kilómetros en una noche para apresarlas con pequeñas nasas. Si aparece la policía, se esconde entre lo que él llama el «bambú» –unas laminarias gruesas como bates de béisbol–, donde no pueden adentrarse los motores fuera borda. Lo han detenido y encausado cuatro veces, pero asegura que no le importa: «Seguiré pescando hasta que me muera, tenga o no licencia».

Unas calles más lejos nos topamos con un bote hinchable de color gris. Unos jóvenes estaban cambiando las hélices de sus dos motores fuera borda. El dueño de la embarcación salió de una casa y dijo que no hablaría con nosotros. Dijo también que para prosperar como furtivo había que «actuar como un ratón, con cautela y sigilo». Luego pasó los 20 minutos siguientes criticando la política pesquera del Gobierno. «Yo creía que cuando el ANC tomara el poder retiraría a los blancos sus enormes cuotas, las dividiría en pequeñas porciones y otorgaría una parte a cada familia de pescadores, lo justo para sobrevivir –explicó–. Pero, ¿qué hizo? Jugar al donde dije digo, digo diego. El que no gritaba lo bastante alto, no conseguía su cuota.»

Las comunidades pesqueras se escindieron en facciones, con las familias de pescadores consolidadas en un bando y los oportunistas en el otro. «Se impuso el “divide y vencerás” –dijo Van der Heyden, perteneciente a una familia de cuatro generaciones de pescadores–. El Gobierno fomentó el individualismo, y eso perjudicó tanto a los recursos como a las comunidades.»

En su opinión, si se hubiera dado el debido reconocimiento a los pescadores tradicionales, podrían haber colaborado con el Gobierno para definir un reglamento para obtener capturas sostenibles. Por el contrario, fueron acosados y ninguneados, y ahora no tienen un sentimiento de propiedad. ¿Esa AMP que hay en el patio trasero de sus casas? No es suya. Es del Estado.

El cambio está en marcha. Las comunidades han empezado a denunciar públicamente que los cotos vedados infringen su derecho constitucional de acceso a los alimentos. Este argumento va ganando fuerza legal y política, y crecen las presiones para reclasificar algunas AMP y abrir a la pesca zonas de reserva integral.

Los científicos marinos demandan –o mejor, ruegan– al Gobierno que no haga tal cosa. Alegan que si se liberaliza una sola AMP, caerán las restantes. Cincuenta años de avances en la in­dustria pesquera y la conservación se habrán malogrado en cuestión de meses.

Un antiguo proverbio dice: «Dale un pez a un hombre, y comerá un día; enséñale a pescar y comerá el resto de su vida». En la actualidad un biólogo especializado en recursos pesqueros añadiría: «Aunque solo si preservas la población reproductora». Bruce Mann, científico marino cuya investigación ayudó a impulsar el establecimiento de la mayor AMP de Sudáfrica, Pondoland, en la provincia de El Cabo Oriental, me explicó cómo las áreas protegidas desempeñan este papel: «Las AMP funcionan como una cuenta bancaria –me dijo en el Instituto de Investiga­ción Oceanográfica de Durban donde trabaja–. Inviertes tu dinero y sabes que está siempre a buen recaudo. Pero también cobras un interés, un pequeño excedente del que puedes vivir».

Atendiendo a esa lógica, los pescadores que faenan ilegalmente en una AMP dilapidan su capital, en el mejor de los casos, y en el peor, atracan el banco. ¿Qué les induce a hacerlo?

Para averiguarlo, recorrí los 130 kilómetros en dirección norte que separan Ciudad de El Cabo de Langebaan, una sinuosa laguna de agua salada situada en la costa oeste de Sudáfrica. Las abrigadas marismas, las barras de arena y los bajíos azul turquesa de Langebaan son un im­­portante refugio y vivero de peces, así como un hábitat de alimentación para centenares de especies de aves, desde halcones hasta flamencos.

Oom (tío en afrikáans) Billie Smith me llevó a pescar lisas sudafricanas, una especie que lleva capturándose con red desde el siglo XVII. Oom Billie lleva toda la vida en el oficio.

Un rudimentario motor fuera borda propulsó la pesada lancha descubierta, o bakkie, de Oom Billie por la laguna hasta un punto resguardado donde desplegó su red. Era un día apacible, y no confiaba en conseguir una gran captura. A él le gusta pescar cuando el viento supera los 35 nu­dos, unas condiciones que mantienen los barcos recreativos en sus amarres y agitan el fondo del mar, procurando alimento a los peces. Al cabo de media hora recogió la red. Había tres pequeñas lisas. Los cormoranes habían cogido otras dos.

Así terminó la jornada de pesca. Luego dimos una vuelta por la laguna, y Oom Billie fue enumerando cada roca, punta, bahía o arrecife que dejábamos atrás. Había oído decir que los habitantes de Langebaan son capaces de navegar por la laguna con los ojos vendados. Sin embargo, su mundo ha cambiado radicalmente. Langebaan se ha convertido en un complejo turístico, y el mar, en un paraíso para ricos. Ya no es el lugar de trabajo de los pobres.

Oom Billie me señaló las propiedades de la ribera de Langebaan que habían pertenecido a la comunidad local antes de la instauración del apartheid. Entonces se trazó una línea –los blancos al sur, los mestizos al norte– y la comunidad quedó desmantelada.

Ahora hay líneas en el mar. En 1985 se creó una AMP, y la laguna se dividió en tres zonas. Los pescadores solo pueden echar las redes en la zona deportiva adyacente al municipio, que deben compartir con hasta 400 embarcaciones a motor y una flota de tablas de kitesurf y motos acuáticas. Dicen que todo este tráfico ahuyenta los bancos de lisas sudafricanas hacia los dos tercios de la laguna donde tienen prohibido pescar.

Para la comunidad pesquera, las AMP parecen un nuevo tipo de traslado forzoso. No encarnan el símbolo de una promesa –el banco de la naturaleza, con pago de intereses para todos–, sino una sentencia continuada de exclusión y rechazo.

Me reuní con un grupo de pescadores en casa de Solene Smith, una líder de la comunidad. Estaban apretados como sardinas en lata en una estrecha franja de sombra detrás de la casa.

El aguardiente circulaba, las lágrimas fluían y el fuego de sus voces llameaba. Uno de ellos estaba a punto de comparecer ante el juez por pescar en zona restringida. Lo más probable era que le requisaran la barca y los aparejos, aunque eso no impediría que los pescadores se saltasen las barreras para seguir atrapando lisas. Se niegan a aceptar la legitimidad de las divisiones y cuestionan las estimaciones de los stocks que hace el Gobierno. En su opinión, lejos de atracar el banco, están ejerciendo sus derechos, y no solo como clientes sino como accionistas fundadores.

Les pregunté si las autoridades marítimas les habían consultado sobre la zonificación o sobre el modo de optimizar la gestión de la laguna. «¡Nooit!», respondieron. ¡Nunca!

Solene Smith llevaba una camiseta azul verdo­sa con el lema «Uníos y luchad por los derechos de los pescadores». La solidaridad ha alentado a los pequeños pescadores, y las recientes victorias legales han fortalecido su causa. Los tribunales han ratificado los derechos consuetudinarios de las comunidades pesqueras tradicionales e insta­do al Gobierno a modificar la legislación en ma­­teria de pesca para acoger los principios de este colectivo en la gestión de los recursos marinos.

Muchos científicos marinos han recibido estas iniciativas con consternación. «Justo en el mo­mento en que estamos tratando de alcanzar los objetivos de conservación y abrir nuevas áreas protegidas, las AMP existentes están siendo puestas en la picota», me argumentó Bruce Mann. Él y otros colegas trabajan últimamente en una estrategia de expansión de las AMP que pretende tener el 15% del territorio marino del país bajo protección, y vedado a la pesca, para 2028, lo que constituye «una ambiciosa meta para cualquier nación marítima», dijo. Pero en las circunstancias actuales es como querer tender una vía férrea al mismo tiempo que a tu espalda otros arrancan los tramos y los venden como chatarra. Incluso la venerable Tsitsikamma, la primera reserva marina del país, creada en 1964, corre peligro a pesar de su importancia como salvaguarda poblacional de diversas especies.

«Hemos hecho grandes esfuerzos por reducir la pesca de muchas especies porque sabíamos que las estábamos diezmando –continuó Mann–. Y ahora, de repente, con la rectificación de las particiones, volvemos a ejercer presión sobre esos recursos. Sí, la gente lo pasa mal. Tiene hambre y necesita comida. Pero estos pescadores capturarán lo que hemos tardado cuatro décadas en recuperar, y será destruido en muy poco tiempo. Es un tema extremadamente complejo y sensible.»

Lo es, tanto para los científicos como para los pescadores: a los primeros les horroriza la idea de que las AMP se abran a la explotación, y a los pescadores les angustia que sigan cerradas.

¿Podría una gestión conjunta de las pesquerías –en la que el Estado trabaje en colaboración con las comunidades– enhebrar la aguja que concilie protección ecológica y justicia social? Una nueva política de pesca de pequeña escala puesta en práctica por el Gobierno en 2012 pretende ser un cambio de paradigma en esa dirección. Esta política concederá a los pequeños pescadores los derechos comunales que ansían, además de acceso preferente a los recursos marinos. Pero, ¿resolverá eso el problema de demasiados pescadores para pocos peces?

Hay una verdad incuestionable para los científicos marinos: si no hay protección hoy, no habrá peces mañana. Y hay mucho más que proteger. El 40% de los hábitats marinos y costeros de Sudáfrica no está incluido en la red de AMP, y aún no se ha establecido ninguna AMP en alta mar, en la vasta región que algunos llaman «el corazón y los pulmones» del océano.

«No saldremos adelante si renunciamos a las AMP vedadas a la actividad pesquera –subrayó Mann–. Son nuestro último recurso.» No solo constituyen refugios ecológicos y bancos con un rico capital de peces, sino que también ofrecen puntos de referencia. Y podrían ser el último sitio donde observar especies que han sido perseguidas hasta el borde de la extinción.

Una de esas especies es el dentón de El Cabo, un exponente primordial de la pesca deportiva que en 2012 entró en la lista de capturas prohibidas. Este espárido gigante era una institución en Sudáfrica. De hasta dos metros de longitud y 70 kilos de peso, capaz de amputar los dedos del pescador incauto que se exponía a sus fauces, era una presa excitante, un bocado delicioso y una criatura tan abundante como las estrellas en el cielo austral. Ahora, por increíble que pa­­rezca, casi ha desaparecido.

Me enteré de que un dentón de El Cabo vivía permanentemente en la reserva marina de Castle Rocks, junto a la península de El Cabo, así que una mañana fui a echar un vistazo. Me zambullí y me arrodillé en el lecho marino mientras el vaivén de las olas mecía las algas y los corales blandos como un viento submarino. Había peces por todas partes. Los peces loro de El Cabo y las dambas se movían por el dosel de las laminarias cual pájaros en un bosque lluvioso. Los sargos de montura blanca no tardaron en entrometerse, y los delicados lábridos mordisquearon el cebo que yo sostenía. A unos centímetros de distancia, un alitán leopardo culebreaba en el hueco de un saliente. Mi compañero de inmersión me dio unos golpecitos en el hombro y me indicó que venía Rupert, agitando la aleta caudal entre los cardúmenes.

Tan escasos son actualmente los dentones de El Cabo, que los submarinistas les han puesto nombres. Rupert había sido bautizado a partir de la denominación latina de su especie, rupestris. Pese a no ser uno de los ejemplares de dos metros que a menudo se veían antaño, era impresionante, con sus relucientes costados broncíneos y el morro angulado de un tren de alta velocidad.

«Ojalá todo el mundo pudiera ver esto», pensé. Si los políticos, pescadores y gestores de la pesquerías fuesen testigos de semejante exuberancia, comprenderían que las AMP son esenciales para el florecimiento de los mares. Aunque por sí solas no bastan. A menos que se implanten unas políticas justas que dicten quién puede pescar y dónde, la existencia de una industria pesquera sostenible no pasará de ser una ilusión. Pero cuando los pescadores se adhieran a la protección marina y aquellos que toman las decisiones honren las tradiciones del sector, quizá pueda resolverse una antigua paradoja: mantener nuestros peces sin dejar de consumirlos.

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Tomado de: National Geographic

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