República Dominicana, la colonia que quiso volver a España


INDEPENDENCIAS AMERICANAS

FRANCISCO MARTÍNEZ HOYOS
05/03/2021 07:00

Parece insólito, pero en 1861 el gobierno del país caribeño solicitó su reingreso en los dominios de la antigua metrópoli. No toda la población era favorable a la iniciativa

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Pedro Santana presta juramento para tomar posesión del cargo de gobernador de la Isla de Santo Domingo – (Dominio público)

A lo largo del siglo XIX, la República Dominicana atravesó por un período muy turbulento: perteneció a España, formó parte de la Gran Colombia durante un breve tiempo y permaneció unida a Haití durante veintidós años, hasta 1844. A partir de entonces fue un estado independiente, pero sometido a una profunda inestabilidad.

Un sector de su clase dirigente buscaba incorporarse a una potencia extranjera, que podía ser Estados Unidos, España o Francia. ¿El motivo? Disfrutar de protección frente a las incursiones del vecino Haití, una república negra que los conservadores dominicanos miraban con aires de superioridad como encarnación de la barbarie. En realidad, esta visión peyorativa, difundida a menudo en la prensa, se componía de calumnias racistas.

Un caudillo local, Pedro Santana, convenció a Francisco Serrano, por entonces máxima autoridad castrense en Cuba, para hacer efectiva la anexión a España. El famoso militar actuó por su cuenta y mandó tropas antes de conocer el parecer del gobierno en la metrópolis.

El periódico madrileño La Correspondencia de España justificó su actuación en estos términos: “Serrano, al enviar fuerzas españolas a Santo Domingo, no ha prejuzgado la opinión del gobierno de Madrid. Según lo que hemos oído, el capitán general de la Isla de Cuba ha tenido presente solo, que allí donde se levanta el pendón de Castilla, como ha sucedido en Santo Domingo, deben acudir los españoles a defenderle y sostenerle muy alto, hasta que el gobierno decida lo que toca hacer a sus subordinados”.

En la metrópolis, el gabinete de Leopoldo O’Donnell aceptó los hechos consumados. Primaron las razones políticas. De esta forma, España podía evitar que Estados Unidos, tarde o temprano, ocupara un territorio desde donde amenazar Cuba. Pero, aparte de la ventaja estratégica, la nueva provincia ofrecía muy escasos alicientes a falta de materias primas y riqueza comercial. Producía, en cambio, un sinfín de gastos. Había que instalar tropas, construir fortificaciones, reorganizar la administración…

En apariencia, todo marchaba sobre ruedas. Los periódicos españoles, en un exceso de optimismo, informaban de la unanimidad del movimiento anexionista. Los observadores más lúcidos, sin embargo, advertían que la realidad no permitía albergar grandes esperanzas.

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Fotografía del general Francisco Serrano – (Dominio público)

Jonathan Elliot, un agente comercial estadounidense, informó al Secretario de Estado de su país de que España, a su juicio, llevaba las de perder. Apuntó, por un lado, que el clima resultaba un poderoso inconveniente para las tropas. Tenía razón: la fiebre amarilla iba a matar a miles de hombres.

Por otra parte, Elliot señalaba que los dominicanos no estaban dispuestos a cultivar la tierra. Se refería a que la gente estaba habituada a practicar una agricultura de autoconsumo o, como mucho, destinada a abastecer a su país. Organizar la producción con la vista puesta en la exportación era algo muy distinto, que exigía establecer una disciplina laboral opresiva.

Santana pasó de ser presidente de la República a gobernador de la provincia de Santo Domingo. Esperaba conservar su poder bajo el trono de Isabel II, pero no tardó en verse defraudado: los representantes de España querían ejercer el control. Acabó por presentar la dimisión al no poder continuar con sus mismas atribuciones.

La ocupación, mientras tanto, provocaba contradicciones incómodas. En la República Dominicana no existía la esclavitud, pero esta institución sí se hallaba vigente en Cuba y Puerto Rico, dos islas muy cercanas también en manos de los españoles. Estos se comprometieron a respetar el estado de cosas en su nueva posesión, pero buena parte de la población nunca llegó a creerles. Por todas partes se difundían rumores de que la metrópoli pretendía esclavizar a los dominicanos. Se generó un profundo pánico que empujó a mucha gente a abandonar sus hogares y echarse al monte.

Todos los intentos españoles por desmentir esos temores resultaron vanos. Un decreto conminó a la población a no dejarse engañar, a no prestar oídos a “hombres desautorizados y falsos intérpretes de la opinión pública”, pero la insistencia de las autoridades solo contribuía a extender más y más el miedo.

La insatisfacción cada vez más generalizada no partía de una ideología nacionalista, sino de la indignación de una ciudadanía que, por una razón u otra, veía perjudicados sus intereses. El gobierno colonial implantó nuevas obligaciones, como el servicio militar, que no fueron bien recibidas.

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Fotografía de la reina de España Isabel II – (Dominio público)

La Iglesia hispana, a su vez, imponía deberes religiosos que provocaron un enorme malestar. En un país donde existían pocos sacerdotes y desplazarse hasta una iglesia resultaba costoso, la gente se había acostumbrado a que muchas parejas no estuvieran formalmente casadas. Ahora, el arzobispo Bienvenido Monzón se proponía corregir lo que consideraba un grave escándalo.

Tras algunas rebeliones fallidas, el descontento popular provocó el estallido de la denominada guerra de Restauración. El 16 de agosto de 1863, Santiago Rodríguez y Gregorio Luperón, dos líderes contrarios a la anexión, encabezaron una incursión que les permitió alzar una bandera dominicana en la capital, Santo Domingo. Su acción, el “grito de Capotillo”, marcó el inicio de la insurrección generalizada.

Las partidas de guerrilleros, con la ventaja de su conocimiento del territorio, hostigaban una y otra vez a las tropas coloniales. Las mujeres tuvieron un protagonismo decisivo en la difusión del alzamiento, al ir de casa en casa para animar a los vecinos a que huyeran a las zonas rurales.

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Monumento a la guerra de Restauración, en la provincia dominicana de Dajabón – (Rafael Calventi / CC BY-SA 3.0)

Cada vez que llegaban al ayuntamiento de un pueblo, los sublevados, en un acto ritual, quemaban los archivos. Esta estrategia obedecía a un objetivo muy concreto: hacer desaparecer los documentos que la administración utilizaba con fines de control social.

Haití, mientras tanto, permanecía oficialmente neutral para no tener que enfrentarse a la amenaza de la escuadra española. Eso no impidió que, desde su capital, Puerto Príncipe, se organizara el abastecimiento clandestino a los rebeldes dominicanos.

Dos años después, en 1865, tras muchas bajas y un fuerte desembolso monetario, Madrid decidió abandonar la isla. La decisión obedecía a causas complejas. No se había obtenido el contundente éxito militar que se buscaba, ni tenía sentido seguir luchando por un territorio que no iba a producir beneficios económicos. Además, en Estados Unidos la guerra de Secesión estaba a punto de terminar. Era previsible que los norteamericanos, superadas sus discordias civiles, no estuvieran dispuestos a tolerar la presencia de una potencia europea en la isla de Santo Domingo.

El conflicto no solo había sido una pérdida de tiempo y recursos. Los independentistas de Cuba y Puerto Rico tomaron buena nota de que España no era invencible y en poco tiempo protagonizaron sus propias rebeliones. Curiosamente, el dominicano Máximo Gómez, que en su país había luchado a favor del dominio hispano, se convirtió en uno de los grandes héroes de la independencia cubana. Cambió de bando al sentirse maltratado por el ejército metropolitano, que ganó así a un enemigo temible.

En 1884, Cristino Martos, un político español progresista, hizo balance de lo que había representado el fiasco de la aventura caribeña. La metrópoli había perdido las simpatías de la población dominicana al no reconocer la libertad religiosa o la libertad de asociación, cobrar los impuestos de forma poco equitativa o establecer “una burocracia complicada y numerosa”.

La reflexión de Martos constituía una llamada a no repetir en política exterior comportamientos irresponsables, pero también podía leerse en clave interna. A fin de cuentas, la población de la península también veía restringidos sus derechos democráticos bajo unos gobiernos conservadores que interpretaban el parlamentarismo en un sentido restrictivo.

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Tomado de: La Vanguardia

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